
A propósito de las excarcelaciones de las personas injustamente detenidas en el marco de las movilizaciones populares post 28J, la Corriente Comunes se pronuncia en los siguientes términos:
1. Celebramos la libertad de quienes han recibido esta medida, reconociéndola como un logro de las madres y otras mujeres que se organizaron y movilizaron para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas sus familiares, aun en medio del contexto de enorme confusión y temor que impera en el país.
2. Llamamos la atención sobre la insuficiencia de las medidas otorgadas, en tanto siguen injustamente en prisión centenas de personas detenidas en el marco de las movilizaciones populares que denunciaron el fraude electoral. Son insuficientes, también, porque los procesos judiciales continúan abiertos a pesar de la evidente falta de sustento probatorio, manteniendo a todas las personas liberadas bajo la coerción del Estado, a través de medidas periódicas de presentación en la ciudad de Caracas. Esta situación profundiza la injusticia para quienes residen en otros estados, ya que el traslado implica un esfuerzo económico adicional y agrava las penurias económicas de las familias que, desde hace más de 4 meses, han estado realizando una serie de gestiones para obtener la libertad de sus seres queridos.
3. Denunciamos que a las personas procesadas y a sus familiares se les ha prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación y se les ha constreñido a firmar documentos y grabar videos para desmentir las denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos que han enfrentado durante el proceso judicial. Entre estas violaciones destacan: la arbitrariedad de las detenciones; torturas y malos tratos; incomunicación; prohibición de nombrar al defensor de confianza; denegación de acceso al expediente; limitaciones para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, negando o dejando de promover pruebas durante la fase de investigación; así como condiciones indignas de reclusión y falta de asistencia médica oportuna. Como resultado de estas dos últimas, tres personas detenidas en este contexto perdieron la vida bajo custodia del Estado.
4. Exigimos que el Estado reconozca los excesos cometidos y amplíe las medidas otorgadas a quienes aún permanecen arbitrariamente detenidos. Manifestarse pacíficamente es un derecho consagrado en nuestra Constitución, y ninguna persona debería ser privada de su libertad por ejercerlo. La vigencia efectiva de este derecho ha permitido, a lo largo de la historia, la conquista de muchos otros derechos, así como el robustecimiento de la democracia. La represión indiscriminada de la movilización popular solo puede entenderse como una medida desesperada de un gobierno que no cuenta con apoyo popular y que solo se sostiene a través del miedo, la fuerza y el respaldo de algunas élites económicas.
5. Reiteramos nuestro compromiso de continuar la lucha por la libertad de todos los presos por protestar, así como por la vigencia y garantía de los derechos humanos en general, con el objetivo de recuperar una democracia que garantice la justicia social.
¡Ante la pérdida de la democracia y el aumento de la represión, la indignación y resistencia de este pueblo crecerán!
¡Organicemos la Rebeldía!
COMUNICADO de la CORRIENTE COMUNES
SOBRE LAS EXCARCELACIONES PARCIALES DE PERSONAS INJUSTAMENTE DETENIDAS POST 28J
A propósito de las excarcelaciones de las personas injustamente detenidas en el marco de las movilizaciones populares post 28J, la Corriente Comunes se pronuncia en los siguientes términos:
1. Celebramos la libertad de quienes han recibido esta medida, reconociéndola como un logro de las madres y otras mujeres que se organizaron y movilizaron para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas sus familiares, aun en medio del contexto de enorme confusión y temor que impera en el país.
2. Llamamos la atención sobre la insuficiencia de las medidas otorgadas, en tanto siguen injustamente en prisión centenas de personas detenidas en el marco de las movilizaciones populares que denunciaron el fraude electoral. Son insuficientes, también, porque los procesos judiciales continúan abiertos a pesar de la evidente falta de sustento probatorio, manteniendo a todas las personas liberadas bajo la coerción del Estado, a través de medidas periódicas de presentación en la ciudad de Caracas. Esta situación profundiza la injusticia para quienes residen en otros estados, ya que el traslado implica un esfuerzo económico adicional y agrava las penurias económicas de las familias que, desde hace más de 4 meses, han estado realizando una serie de gestiones para obtener la libertad de sus seres queridos.
3. Denunciamos que a las personas procesadas y a sus familiares se les ha prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación y se les ha constreñido a firmar documentos y grabar videos para desmentir las denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos que han enfrentado durante el proceso judicial. Entre estas violaciones destacan: la arbitrariedad de las detenciones; torturas y malos tratos; incomunicación; prohibición de nombrar al defensor de confianza; denegación de acceso al expediente; limitaciones para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, negando o dejando de promover pruebas durante la fase de investigación; así como condiciones indignas de reclusión y falta de asistencia médica oportuna. Como resultado de estas dos últimas, tres personas detenidas en este contexto perdieron la vida bajo custodia del Estado.
4. Exigimos que el Estado reconozca los excesos cometidos y amplíe las medidas otorgadas a quienes aún permanecen arbitrariamente detenidos. Manifestarse pacíficamente es un derecho consagrado en nuestra Constitución, y ninguna persona debería ser privada de su libertad por ejercerlo. La vigencia efectiva de este derecho ha permitido, a lo largo de la historia, la conquista de muchos otros derechos, así como el robustecimiento de la democracia. La represión indiscriminada de la movilización popular solo puede entenderse como una medida desesperada de un gobierno que no cuenta con apoyo popular y que solo se sostiene a través del miedo, la fuerza y el respaldo de algunas élites económicas.
5. Reiteramos nuestro compromiso de continuar la lucha por la libertad de todos los presos por protestar, así como por la vigencia y garantía de los derechos humanos en general, con el objetivo de recuperar una democracia que garantice la justicia social.
¡Ante la pérdida de la democracia y el aumento de la represión, la indignación y resistencia de este pueblo crecerán!
¡Organicemos la Rebeldía!