Este 4 de marzo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EEUU, emitió la Licencia General 41A (LG41A), suspendiendo la anterior Licencia General 41 y ordenando el cese de manejo de activos, inversión y comercio por parte de la empresa Chevron en Venezuela a partir del 3 de abril del 2025.
Las medidas coercitivas unilaterales de EEUU (sanciones) han traído terribles consecuencias para la principal empresa del país (PDVSA); ha afectado su refinanciamiento y la estabilización de su dinámica productiva, impactando en la caída del PIB nacional. Al generarse menos recursos públicos como consecuencia de las sanciones; ya de por sí radicalmente mal distribuidos a favor del capital; el pueblo ve aún más limitada su posibilidad de disfrute de derechos sociales y el gobierno consigue una excusa para continuar profundizando su deriva autoritaria y su programa neoliberal.
Por estas razones rechazamos con severidad y energía cualquier medida extranjera en contra de los intereses económicos del país; de igual forma, rechazamos las muestras de vasallaje y apoyo que sectores de la derecha, anclada en intereses imperiales, han mostrado ante la medida. Reconocemos que dicho apoyo se fundamenta en intereses particulares y apetitos personales que caminan de espaldas a la mayoría de los y las venezolanas, que rechazamos las sanciones. Jamás una medida coercitiva impuesta por una potencia extranjera se puede confundir con un acto patriótico o fructífero en la lucha política racional.
De igual forma y siguiendo la línea de la defensa de la soberanía y la lucha contra el imperialismo, exigimos mayores transparencias en el uso de los recursos y los convenios establecidos con Chevron. Hasta la fecha y luego de más de 2 años, la mayoría de los y las venezolanos desconocemos las características de los convenios firmados en diciembre de 2022 al amparo de la Licencia General 41. Amparados por la Ley Antibloqueo y su principio de discrecionalidad (y sin importar que la mayoría de los directivos que firmaron el convenio por parte de PDVSA hoy se encuentren presos por corrupción, con el exministro y expresidente de PDVSA Tareck El Aissami a la cabeza), la información referida al destino del cobro por regalías e impuestos sigue siendo desconocida.
Es ante estos precedentes que entendemos que la lucha contra el imperialismo y por la soberanía debe contemplar el rescate de PDVSA del actual hermetismo en el cual se encuentra, remitiéndonos a los fundamentos económicos de nuestro Estado, referidos en el artículo 299 de nuestra Constitución, donde se establece la obligatoriedad de una “planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”, para lograr una justa distribución de la riqueza.
Es desde estos principios que realmente podemos superar tanto las apetencias imperiales de EEUU y sus lacayos, como la deriva autoritaria neoliberal que ha convertido el sector petrolero de nuestro país en la principal fuente de saqueo y desangre de la alianza oligotecnocrata que maneja los destinos económicos del país.
Desde COMUNES, corriente popular, llamamos a una lucha contra el imperialismo y sus lacayos y contra todos aquellos que representan -en el gobierno y en la oposición – los intereses del capital.
En las prácticas de los múltiples saqueos, ambos se constituyen en este momento histórico en las dos minorias que -encubiertas por una falsa polarización- caminan juntos de espaldas al pueblo. Llamamos a defender la plena soberanía sobre nuestros recursos y sobre nuestro destino. Llamamos a organizar la rebeldía, a reunir los anhelos y desatar los sueños.
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