Manuel Azuaje Reverón.
El contraste regional: movilización frente al ajuste.
Durante las últimas semanas, los distintos actores del movimiento social boliviano han ocupado las carreteras, las calles y han sitiado la capital en rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno de Rodrigo Paz.
Hace pocos días escuché a dos jóvenes estudiantes universitarios argentinos de la izquierda anticapitalista hablar, desde una universidad tomada, con suma claridad sobre la resistencia y la defensa de sus intereses.
En este momento, las organizaciones sociales e indígenas en Ecuador se preparan para un paro nacional del 24 al 26 de junio, junto al inicio de un proceso de revocatoria para el mandato del presidente Daniel Noboa. En estas jornadas reclaman el cese de las políticas extractivistas, así como el rechazo al aumento de los servicios y el cumplimiento de acuerdos anteriores.La «fase de estabilización» y el desmontaje del Estado.
A diferencia del resto de la región, donde el movimiento social actúa como un freno a las políticas económicas antipopulares, en Venezuela, después del bombardeo estadounidense del 3 de enero, se ha venido acelerando el proceso de ajuste del Estado. Iniciando con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Minas y, recientemente, el anuncio de la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico para abrir la puerta a la privatización de ese sector y el ajuste de las tarifas en función de la rentabilidad de las empresas privadas.
De acuerdo con las declaraciones de Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos, actualmente se está desarrollando en el país la fase de estabilización. ¿A qué corresponde esta etapa? Pareciera apuntar a un proceso de transformación estructural del Estado venezolano a través del desmontaje de su aparato jurídico, enfocado en facilitar la apertura a la inversión extranjera, los procesos de privatización y el desmantelamiento gradual del Estado de Justicia y de Derecho concebido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La semana pasada, Jorge Rodríguez, con la misma vehemencia y arrogancia con la que defendió la apertura económica y la privatización del sector petrolero, criticó la gestión pública de fondos agrícolas para poner en causa todo el proceso de entrega de tierras realizado durante la gestión de Hugo Chávez y anunció una ley ganadera que vendría a «rectificar» las «fallas». Esto representa la consolidación de la restauración del latifundio en Venezuela, que hasta ahora tuvo picos muy altos de violencia y sicariato contra el movimiento campesino en años recientes.Este plan de estabilización, anunciado por Rubio y acordado con el gobierno de Delcy Rodríguez, no pareciera tratarse solamente del control y la gestión de la economía, sino de toda una transformación estructural del Estado Social y de Derecho venezolano, desmantelando las pocas políticas que pudieran quedar.
El gobierno de Estados Unidos ha instruido que, al final de ese periodo de estabilización, haya una transformación absoluta de las instituciones sociales y del marco jurídico venezolano; una reforma radical ejecutada por el PSUV y sus aliados, es decir, por el chavismo gobernante.El gobierno kamikaze: asumiendo el costo político.
Vale la pena preguntarse por qué decidió el gobierno estadounidense mantener en el poder a estos grupos: si se trató sencillamente de que gestionaban y garantizaban la estabilización política y el control territorial a través del aparato represivo. O si, además de esto, poner al chavismo a desmantelar toda la política social, no solo la que construyó, sino también las instituciones históricas previas a su llegada, representa el último golpe para su derrota definitiva. Al delegar en el chavismo gobernante el desmantelamiento del Estado social venezolano, Estados Unidos garantiza que el próximo gobierno no tenga que hacerlo y, por lo tanto, evite pagar el costo político de estas reformas frente a un chavismo en la oposición que pudiera hacerle contrapesos y movilizar a la sociedad.Desde 2017, aproximadamente, se generó una discusión en espacios académicos y de opinión política en torno a cómo sería el primer gobierno postchavista.
Analistas e investigadores reflexionaron sobre la transición y cómo ese nuevo gobierno tendría que asumir un rol de «inmolación política» o convertirse en una especie de «gobierno kamikaze» para hacer viable dicha transición.En la medida en que el primer gobierno postchavista tendría que «sincerar» las tarifas de los servicios públicos y de la gasolina, reestructurar la deuda económica y el Estado, y acudir al Fondo Monetario Internacional para generar inyecciones de capital, este tendría que aplicar un ajuste impopular con un alto impacto social. Al mismo tiempo, en esos espacios se reflexionaba sobre el síndrome del «día después»: la expectativa mágica de recuperación tras el cambio de gobierno que chocaría con la dura realidad del propio ajuste. Sería, entonces, un gobierno que cargaría con el alto costo político y social de desmontar los controles institucionales.
La variable que no se insertaba en estos análisis es que fuera el propio gobierno chavista el que iniciara la aplicación de esta política, como efectivamente ocurrió con muchas de las medidas de Nicolás Maduro. Lo que no sucedió durante su mandato fue el desmantelamiento estructural del sistema y el aparato de leyes que constituían la dimensión formal del Estado social venezolano. Se aplicaron las políticas a través de medidas de facto, decretos de conmoción y estado de excepción por emergencia económica, e instrumentos como la Ley Antibloqueo. El gobierno de Delcy Rodríguez representa cierta continuidad y radicalización de ese proceso, pero viene a ser en sí mismo el primer gobierno postchavista en el sentido planteado por los analistas entre 2017 y 2020. Viene a desmantelar el Estado y su aparato jurídico porque el tutor estadounidense entiende que el chavismo gobernante debe cargar con el costo social del ajuste, teniendo a la mano el aparato represivo y conteniendo con malabarismos ideológicos a su propia base social, que en teoría sería la primera en reaccionar ante este desmantelamiento.
La aniquilación de la resistencia popular.
Sin embargo, ¿tiene el chavismo la capacidad de movilización necesaria para enfrentar esas políticas? Para responder esta pregunta es necesario considerar que la base social venezolana, articulada en ocasiones alrededor de los sectores más avanzados del chavismo, ya se enfrentó a esta política de ajuste durante 2018-2019. En los años subsiguientes, el movimiento campesino se movilizó y sufrió en carne propia distintas medidas de desarticulación, desde el asesinato de sus líderes hasta la cooptación y división del propio movimiento. Lo mismo ocurrió en el sector sindical, cuando decenas de sus dirigentes fueron detenidos y judicializados. Algunos de estos líderes eran militantes del chavismo con amplio reconocimiento. Otros sectores, donde el chavismo no ejercía el liderazgo, pero tenían una amplia capacidad de movilización, fueron reprimidos con intensidad; el gremio de enfermeras y maestras inició en 2023 un ciclo de lucha ascendente en todo el territorio nacional que terminó con persecuciones política y amenazas. Los sectores de izquierda que rompieron con el gobierno o que nunca lo apoyaron fueron judicializados, se le quitó el control de sus partidos y la crítica fue criminalizada implacablemente. La capacidad para resistir los ajustes antipopulares tuvo que medirse primero con el propio gobierno de Maduro, que operó no solo con represión sino con otros mecanismos blandos de control.En última instancia, amplios sectores de los barrios de Caracas, que fueron un factor clave de movilización para el sostenimiento del chavismo, también se manifestaron en los días posteriores a las elecciones del 28 de julio y fueron reprimidos violentamente; sobre esos territorios se ejerció el más macabro terror social para impedir nuevas protestas. Esto produjo un shock continuado en la capacidad de respuesta de los sectores sociales ante el desmantelamiento del Estado.Por este contraste empecé mencionando la capacidad de resistencia de los movimientos sociales en países donde gobernó el progresismo y fue sustituido electoralmente por gobiernos de derecha, donde persiste una mayor capacidad de movilización y enfrentamiento.
El gobierno bolivariano nunca planteó una estrategia que le permitiera abandonar el poder; los sectores hegemónicos que desplazaron a otros bloques internos nunca pensaron en una estrategia para salir y ser una oposición con agencia. Por el contrario, dilapidaron esa capacidad de movilización, el imaginario social y la potencia de resistencia, quedándose en el poder a través del miedo y el terror.Toda elección y posibilidad de salida se vio como una crisis existencial: abandonar el poder significaba desaparecer. Cada elección se jugaba a todo o nada, y en ese todo o nada, perdió el país. La revolución bolivariana se está quedando sin nada, y no solo para sí misma, sino para los venezolanos.
Restituir el tejido social y la capacidad de movilización será muy cuesta arriba y representa el gran reto organizativo de los años por venir.
La mesa servida para la transición.
El plan de estabilización de Marco Rubio contempla que sea el gobierno de Delcy Rodríguez, las capas gobernantes del chavismo, el que termine de desmantelar el Estado social y de justicia plasmado en la Constitución, transforme radicalmente el aparato jurídico, cargue con las consecuencias sociales del ajuste y se encargue de la transición como el primer gobierno postchavista. De esta manera, el gobierno que venga después tendrá la mesa servida, el trabajo sucio hecho y, si no se hace nada a tiempo, a una oposición completamente desmoralizada, desarticulada e impotente.
Este análisis no debe ser el epitafio de las luchas populares. El mayor triunfo para del plan de estabilización actual sería convencer a la sociedad de que la desmovilización es irreversible. Desmontar esa trampa requiere superar el duelo por lo perdido y comprender las nuevas contradicciones que generarán, inevitablemente, nuevos antagonismos. Rearticular la movilización hoy implica un trabajo molecular: actuar desde la calle junto a los actores vivos del movimiento sindical, campesino y estudiantil, además de identificar nuevos espacios de lucha.
No se trata de volver a las banderas del movimiento institucionalizado, sino actuar en defensa de la vida material concreta. La sociedad venezolana tiene ante sí un trabajo arduo, pero indispensable para construir una nueva hegemonía desde abajo.
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