Corriente COMUNES
Al acercarse los dos meses del doblete sísmico y aún marcadxs por el dolor colectivo de esa tragedia, desde COMUNES queremos compartir un balance provisorio sobre la respuesta inmediata, estatal y social; así como insumos para una agenda popular de cara a la recuperación y la reconstrucción.
1. LA RESPUESTA INMEDIATA
1.1. El vacío que dejó la respuesta estatal, las primeras 72 horas, fue ocupado por una avalancha, diversa y hermosa, de solidaridad popular que llegó desde toda Venezuela.
Gente que vino sola y se fue encontrando con otrxs y organizando en el camino para ayudar o gente ya organizada que se acercó a La Guaira, tejió redes y se mantuvo durante más de un mes. Esos días, se expresó una subjetividad rebelde, autónoma, solidaria, que no pidió permiso para hacer lo justo y lo correcto.
Esa solidaridad salvó vidas, alimentó, hidrató, acompaño y curó a cientos de personas. Le dio corporeidad a la histórica consigna “solo el pueblo salva al pueblo”.
Esa subjetividad popular debe ser reivindicada y visibilizada por lo que hizo ahí, pero también, porque muestra un futuro posible y necesario para el país, luego de años de miedo y desmovilización popular impuesto por el terrorismo de Estado.
1.2. La insuficiencia y demora en la respuesta estatal es la consecuencia lógica de años de debilitamiento y fragmentación del Estado, de su corrupción, de su apropiación por intereses privados, de la priorización de las funciones de coerción por sobre las funciones sociales y, de la subordinación colonial a EEUU; así como de un gobierno que carece de legitimidad democrática.
Lo que es débil, no puede tener una respuesta fuerte.
Lo que hizo el gobierno, en medio de su debilidad, fue entregar a Naciones Unidas, ONG internacionales, EEUU e Israel, la respuesta inmediata en La Guaira.
Las primeras inspecciones técnicas para clasificar estructuras, las realizaron de manera paralela, tanto empresas privadas contratadas por el Estado (y en algunos casos, funcionarios de varias instituciones) como técnicos de Israel. Los primeros se centraron en la habitabilidad, uso restringido o inoperables. Los segundos, se centraron en los usos económicos futuros: turismo o habitabilidad.
El límite entre cooperación internacional y fortalecimiento de la relación colonial es casi inexistente. La información disponible señala que la mayor parte del contingente estadounidense que vino al país está conformada por militares sin competencias directas en labores de rescate y salvamento. Ello explica que el rol de ese país agresor, ni siquiera fue determinante en las operaciones de mitigación y salvamento.
El desbalance en la composición del contingente de EEUU puede interpretarse como el aprovechamiento de la tragedia para avanzar en la presencia militar permanente en nuestro territorio (bases militares); todo ello en alianza con el Estado sionista de Israel, responsable del genocidio en Gaza, recibido como aliado por el gobierno de facto de Delcy Rodríguez.
2. RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
2.1. Participación.
El futuro de La Guaira se debe decidir con lxs Guaireñxs. En este momento no han sido convocadas a deliberar y tomar decisiones sus organizaciones de pescadores, ni de trabajadorxs playeros, ni campesinxs, ni comerciantes, ni la de los mercados populares, ni deportistas, ni sus organizaciones territoriales de barrios, pueblos o urbanizaciones, ni lxs propixs refugiadxs.
Se está decidiendo a sus espaldas el futuro de La Guaira. Si no participa directamente el pueblo en las políticas de recuperación y reconstrucción, los intereses económicos y geopolíticos de los actores que controlan el Estado venezolano se impondrán por sobre los derechos de lxs guaireños. Por tal razón exigimos la participación, vinculante, de las organizaciones populares de la Guaira en los espacios centralizados de definición de políticas para el territorio.
2.2. Demolición acelerada.
La demolición, la recolección de escombros y saneamiento son una necesidad. Pero ello no puede pasar por encima del derecho de lxs guaireños a recuperar los cadáveres de su gente querida y realizar adecuadamente su duelo; ni tampoco por encima del derecho a un ambiente sanos que fue lesionado por el depósito de escombros en el mar. En este momento se realiza una demolición acelerada, pese que aún hay familias que siguen, de manera autoorganizada, buscando a los suyos.
2.3. Investigación independiente sobre las construcciones.
En el país, según los datos oficiales colapsaron 190 edificaciones. Resulta fundamental realizar una investigación independiente sobre las causas de ese colapso, de cara a prevenir nuevas tragedias e identificar las responsabilidades políticas, civiles, administrativas y penales de la tragedia actual.
2.4. Zonificación y nueva ordenación territorial.
Para garantizar una reconstrucción segura y responsable, exigimos que se contemplen de manera obligatoria las siguientes acciones estructurales: a) Realización de una microzonificación sísmica que determine el comportamiento diferenciado del suelo y definir parámetros de construcción y, b) un nuevo Plan de Ordenación Urbanística y de Ordenación del Territorio, participativo, con base en los resultados que arroje la microzonificación.
2.5. Derecho a la vivienda y al arraigo.
Lxs guaireñxs que así lo decidan, tienen derecho a permanecer en su territorio. Ello implica que los refugios temporales deben estar cerca de La Guaira y que se deben explorar y poner sobre la mesa proyectos colectivos de autoconstrucción, con apoyo del Estado, en el propio territorio, como parte de un Plan de Vivienda para ese territorio. Este derecho tiende a chocar con los intereses económicos y geopolíticos que atraviesan al Estado y al Gobierno venezolano.
2.6. Fortalecimiento de la economía popular.
La Guaira tiene un importantísimo sector económico de trabajadorxs que son dueños de sus medios de producción (pescadores, campesinos, trabajadores playeros, comerciantes, posaderos).
El Gobernador acaba de anunciar el mantenimiento del cierre de las playas, con lo que prolonga la debilidad de la economía popular; sí como su capacidad de incidir en el futuro de La Guaira. Esa decisión debe ser revertida y consultada con lxs trabajadorxs guaireñxs. Lxs guaireñxs, a través de sus organizaciones, deben ser priorizados como trabajadorxs en todo el proceso de reconstrucción.
2.7. Soberanía.
La reconstrucción debe ser liderada y decidida por venezolanxs, en función de la protección de los derechos de las mayorías. Ello implica: a) el rechazo a la instalación de bases militares estadounidenses o a cualquier otra forma de presencia militar encubierta de EEUU o Israel; así como a la injerencia de estos países disfrazada de “ayuda humanitaria”; b) la transparencia sobre la información de las empresas y proyectos que están formando parte de mesas de negocios y acuerdos económicos en los territorios de la reconstrucción; c) el levantamiento de medidas coercitivas de EEUU para facilitar respuesta soberana a la emergencia; d) la moratoria de la deuda externa venezolana para concentrar todos los esfuerzos en la atención a la tragedia y la reconstrucción nacional; e) el manejo soberano, autónomo y directo de nuestros activos; f) la creación de un Fondo para la Reconstrucción, que sea transparente y auditable.
La lucha por la soberanía requiere de la articulación de voluntades diversas en un frente plural a favor del derecho del pueblo venezolano a autodeterminarse.
Corriente Comunes, 18.08.26_*
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